El conflicto entre el gobierno y la Universidad de Buenos Aires permite vislumbrar el desafío que enfrenta la Argentina. Lo que inicialmente ha sido un reclamo presupuestario a devenido en posicionamientos rígidos antes que en argumentaciones que sostengan visiones encontradas.
Siendo un ámbito académico, era de esperar un detalle de números que justificaran el reclamo, donde se reflejara el esfuerzo por ajustarse a la realidad que vive el país y que argumentara el pedido.
La convocatoria a una marcha significa reducir la discusión a un tema de poder en función de la movilización alcanzada. La razón es reemplazada por la justificación basada en la cantidad de personas que sostengan el argumento, falta la hoguera para aquellos que osan desafiarla. En lugar de una discurso sesudo se da una respuesta absolutamente política. No sorprendería si la convocatoria fuera de los alumnos, pero duele que sea de la misma universidad y de los académicos que dicen defenderla, desde los que utilizan redes como linkedin para arengar hasta el vicerrector que pretende boxear a Manuel Adorni.
Sobre este punto, en el caso del presidente, los jóvenes no lo siguen como un profeta que lee mandamientos libertarios. Por el contrario canalizan su hartazgo en esa motosierra que esperan destruya una situación insostenible, el blande la espada que todos desearían sostener. No son ajenos a la realidad angustiante, ni mártires que aceptan el sufrimiento. Solo reclaman un cambio que la UBA pretende desconocer.
El desafío para Milei es que la política económica que propone demuestre que es el camino acertado, pero hasta ese entonces, el poder de convocatoria es la motosierra y no sus ideales libertarios.
Ahora cual es el planteo del vicerrector, ¿que las ideas que no entren por la razón lo harán a los golpes?. La escena recuerda al ministro de educación y cultura, cabo 1ro Anastasio López de Les Luthiers, y la falta de condena del resto de los ambientes académicos, demuestra que es un problema que excede a la UBA.
En la reacción de todo el ámbito político ante esta situación, no hay un llamado al diálogo y a la mesura. Por el contrario, la discusión se plantea como una batalla entre el bien y el mal. La oportunidad de una discusión sobre un tema primordial como es la educación es utilizado para la actividad partidaria. El otro es un enemigo al que hay que destruir bajo el riesgo de perder valores y derechos irrenunciables. Cualquier tema abordado que genere conflicto será un campo de batalla a utilizar para derrotar o debilitar al adversario.
Determinados temas se han tornado dogmáticos y su sola mención se traduce en una ofensa imperdonable. En el caso de la universidad, los posibles aranceles, el cobro a extranjeros, la transparencia en el gasto, o la superioridad moral de lo estatal por sobre lo privado, son todas premisas que deberían poder ser discutidas. Aseverar que las mismas atentan contra la independencia o calidad educativa, es anteponer un juicio de valor sin permitir argumentación alguna. Una posición dogmática basada en la fe y no en la razón, contradictoria con los fines que la universidad debería sostener.
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